Este recibo que adjuntamos, ha sido pagado por un vecino de Totana por el segundo trimestre del servicio de suministro de agua. Consumo de agua 52,82 euros, total factura con impuestos y recargos 175,36 euros. Como pagamos pocos impuestos y recargos de demora, algunos se están planteando subirlos más todavía. Eso si no vemos ni a un solo político local plantearse hacer una moción solicitando reducir el gasto corriente o las mamandurrias a los partidos, sindicatos asociaciones afines, etc, etc, etc..., sí, el precio medio mensual ronda los 59 euros de los cuales, unos 17 euros al mes serían por el consumo y el resto, impuestos y otros conceptos.
Si el salario mínimo está establecido en España en unos 900 euros, el 3% serian unos 27 euros a pagar mensuales como máximo, impuesto, tasas y recargos incluidos y no 52,80 euros metiendo también conceptos como el pago de la basura que nada tienen que ver con este bien fundamental y derecho como es el del agua. Llegados a este punto debemos empezar a tratar ciertos conceptos que pueden pasar inadvertidos pero que son de bastante importancia para nosotros como comunidad y como consumidores.
En primer lugar debemos saber que el agua de consumo humano es un derecho según resolución de la ONU 64/292 y el Comité de derechos Económicos sociales y culturales adoptó en la Observación General nº 15 la definición del derecho del agua como el derecho a disponer de agua para uso personal y doméstico:
- Eficiente
- Saludable
- Aceptable
- Físicamente accesible
- Asequible
En España como país desarrollado damos por sentado que esto es así pero todo sabemos en el fondo, qué esto no es así. Ya que en lo relativo a disponer de agua asequible, el programa de las naciones unidas para el desarrollo (PNUD) sugiere que el coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos de un hogar.
Las entidades locales son competentes en materia de suministro de agua y las encargadas de suministrarla en la cantidad y calidad fijadas en las normativas reguladoras, su gestión puede realizarse de varias maneras la gestión directa, la indirecta y la MIXTA. Debido a la complejidad normativa y las dificultades económicas que atraviesan algunos Ayuntamientos, como es el caso del nuestro. La dificultad de gestionar este servicio básico y público han llevado a muchos Consistorios a realizar contratos de concesión de la gestión de abastecimiento de agua de consumo humano a empresas privadas de manera que la gestión pasa a ser indirecta (privada) por ver en este modelo una fuente de financiación muy rápido y cómoda por el adelanto económico que pueden pedir sobre el canon de concesión. Aunque le salga más cara al consumidor final.
Bajo las premisas establecidas sobre el agua como derecho humano y bien público podríamos concluir que este, no debería ser un objeto de negocio ni argumento de recaudación de otros impuestos, servicio ni de intereses de demora, y los beneficios obtenidos deberían repercutir en el municipio como parte de una economía social destinada a la mejora continua del ciclo integral del agua del municipio. Por lo tanto debemos entender que el abastecimiento de agua potable:
- Es un derecho humano.
- Que los ayuntamientos son administraciones competentes en materia del ciclo integral del agua y que pueden gestionar de manera directa este servicio.
- Que se trata de un bien público -pero no gratuito- al que todos deben tener acceso y que aunque se debe pagar un mínimo, los tramos que se gravan por aumento de consumo deberían tener en cuenta la cantidad de personas que viven en el domicilio y que normalmente no aportan salario al hogar, ya que son menores, parados, jubilados o dependientes.
- Que algunos ayuntamientos han decidido gestionarlo de manera indirecta a través de concesiones de servicios a empresas privadas cuyo beneficio industrial es lícito y justificado, debido a la falta de medios de las entidades locales qué por su parte, han visto en los cánones de concesiones una financiación para las arcas.
En septiembre del año pasado el Ayuntamiento de Totana encima, tuvo que aprobar un préstamo de unos 12 millones de euros para pagar sentencias pendientes, entre ellas a Socamex-Urbaser unos 6,7 millones de euros, empresa de gestión del agua que se contrató y reclamaba judicialmente más de 10 millones de euros por la rescisión anticipada del Contrato y que ya habia adelantado unos 6 millones de euros en 2008 a nuestro Ayuntamiento. Como vemos, esta forma de gestión indirecta (privada) aparte de dejar de lado el concepto del bien público o social, deja de lado el control eficiente del agua, el coste de la misma y nos sale mucho más cara si la gestión política no es efectiva. ¿Pero existe otra manera de gestionar el agua?.
La respuesta es sí, la MIXTA y su concepción deriva de la llamada ECONOMÍA SOCIAL, donde una de sus características principales es la de democracia en la toma de decisiones porque no debemos engañarnos. Las entidades locales cada vez tienen menos capacidad por diversos motivos, el más importante una clase política qué no sé preocupa de lo que debe preocuparse. Gestionar este servicio, contratar personal cualificado que proporcione el abastecimiento de agua, mantenimiento y unos precios asequibles para todos, debido a su complejidad y normativas, es algo muy difícil y trabajoso para la inmensa mayoría de nuestros políticos. Por lo que la remunicipalización de este servicio tampoco es garantía de un buen control ni de una buena gestión.
¿Pero que sucedería si la gestión y el control lo tomásemos los propios ciudadanos que quisiéramos formar parte de lo qué hacer con nuestra agua, en lugar de una empresa privada?, esto es la ECONOMÍA SOCIAL donde los propios usuarios participarían y se implicarían en la gestión de este bien público. El modelo para garantizar una gestión pública participada por los propios usuarios sería pues el modelo de Gestión mixto, a través de una cooperativa a nivel local de consumo constituida para autogestionar el servicio integral del agua del municipio y donde el Ayuntamiento sería un socio colaborador más junto a los ciudadanos que lo desearan pero sin ocupar, en ninguno de los casos, los órganos directivos de esta cooperativa los propios políticos.
Debido a las especiales características de la ECONOMÍA SOCIAL -en sus estatutos y obligaciones se debe establecer un aporte social de los beneficios- el control y conocimiento sobre la gestión sería decidida por los propios usuarios y los beneficios deberían repercutir directamente, en la mejora del propio servicio, mantenimiento, personal profesional, etc..., y por supuesto, en ajustar un precio justo por ese servicio para cada tipo de rentas, familias y condiciones económicas tanto de familias como de empresas.
¿Porque no se fomenta y desarrolla este modelo de gestión desde los propios municipios y más aún, sino son capaces de gestionarlo con efectividad ni son capaces de proporcionarnos un precio justo sobre este bien al que tenemos derecho?. La respuesta es obvia, el agua es un gran negocio en manos de unos pocos privilegiados, como todo negocio donde la "clientela" esté garantizada y los políticos, la inmensa mayoría, no están dispuestos a renunciar a unos negocios que siempre de un modo u otro, les favorecen a ellos, a sus partidos (sean de "izquierdas" o "derechas") o a sus propios familiares y amigos más cercanos.
Acción Totana
